Todo ser humano tiene derecho a conocer su verdadera identidad.  Así lo establecen tanto la Convención de los Derechos del Niño como la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Por ello, la ley permite la libre investigación de la paternidad o la maternidad.

Esta investigación de la paternidad se puede realizar directamente en el Registro Civil cuando se trata de niños recién nacidos hasta la edad de un año (Ley de Paternidad Responsable).

En las otras situaciones se deben iniciar procesos judiciales de investigación de la paternidad o de la maternidad (filiación) cuando la misma es desconocida; o de impugnación de paternidad o de maternidad cuando legalmente se ostenta una identidad que biológicamente no corresponde a la realidad.

Tratándose de los procesos de investigación judicial de paternidad (filiación e impugnación de paternidad) se requiere de la representación de un abogado y la principal prueba es la de ADN.

Ese proceso de libre investigación o impugnación de la paternidad se puede hacer en vida como después de la muerte de los progenitores.

Son muchas las situaciones de carácter patrimonial que pueden enfrentar los cónyuges lo que genera muchas preguntas, tales como:

• ¿A quién le pertenece la vivienda donde viven los cónyuges?
• ¿Si uno de los cónyuges trabaja fuera del hogar y el otro no, cuáles son los derechos económicos de uno y otro?
• ¿Tienen algún valor las labores domésticas dentro del hogar?
• ¿Si muere alguno de los cónyuges, cuáles son los derechos patrimoniales del otro?
• ¿Si uno de los cónyuges desaparece (por secuestro, presunción de muerte u otra circunstancia), qué pasa con las cuentas y los bienes? ¿Qué se puede hacer ante dicha circunstancia?
• ¿Qué pasa con el patrimonio si uno de los cónyuges sufre un accidente o enfermedad que lo incapacite para administrar sus bienes?

Generalmente la pareja no se plantea ninguna de estas interrogantes, pero es muy importante saber que al momento de contraer matrimonio, surgen para los dos cónyuges un conjunto de derechos y deberes de carácter patrimonial como lo son:

1. Contribuir en proporción a su capacidad económica en los gastos de sostenimiento del hogar.
2. Dar alimentos a los hijos nacidos producto del matrimonio.
3. El régimen económico matrimonial.

La pareja debe tener claro que ni el hombre es el proveedor exclusivo del hogar ni la mujer está obligada a limpiar, lavar ni cocinar dentro del hogar.

Los roles se distribuyen según sus circunstancias personales y ambos comparten el compromiso de contribuir con las necesidades del hogar, ya sea económicamente o con su trabajo personal.

El régimen económico matrimonial es el sistema jurídico que rige las relaciones patrimoniales que se derivan del matrimonio o de la unión del hecho y constituye en esencia, un conjunto de normas jurídicas que forman un contrato por el cual se regulan los intereses económicos de los cónyuges entre sí y de estos con terceros.

Tratándose del matrimonio civil, el régimen económico matrimonial inicia con la celebración del matrimonio y lo pueden establecer los cónyuges a través de capitulaciones matrimoniales, y a falta de las mismas las determina la Ley.

Para el matrimonio civil (el que celebra un juez civil, de familia o notario) existen tres regímenes económicos matrimoniales:

1. Separación de bienes, en el cual cada cónyuge es dueño exclusivo de los bienes y derechos que estén inscritos a su nombre.
2. Participación en las ganancias, en virtud del cual cada cónyuge tiene derecho a participar en las ganancias obtenidas por el otro durante el matrimonio. Abarca todo el patrimonio que tengan o hayan tenido los cónyuges durante todo el patrimonio.  Es el régimen supletorio que rige cuando los cónyuges no pactaron capitulaciones matrimoniales o cuando no escogieron ningún régimen al celebrar su matrimonio.
3. Sociedad de gananciales, donde por partes iguales se hacen comunes para ambos esposos, todos los bienes obtenidos a título oneroso y los frutos, rentas e intereses que produzcan los bienes privativos y gananciales.

En cuanto al régimen económico de las uniones de hecho, la Ley establece que cada cónyuge tiene derecho a la mitad de todos los bienes adquiridos a título oneroso durante la unión.

Es importante que los cónyuges estén debidamente asesorados sobre todo lo relacionado a su régimen económico matrimonial y sobre todo que tengan una planificación financiera previa tanto personal como conyugal que les permita enfrentar las incidencias que pueden afectar su economía.

Los conflictos en materia del régimen económico del matrimonio o de la unión de hecho se ventilan a través del proceso de dos vías: Disolución y liquidación del régimen económico matrimonial o la partición de bienes de la unión de hecho.

Cuando los únicos bienes adquiridos dentro del matrimonio están a nombre de los dos cónyuges, lo que en principio hay que hacer es ir a un Juzgado Civil y solicitar la VENTA DE BIEN COMÚN.

La Ley 46 de 17 de julio de 2013 que regula la adopción, procura proveer de una familia a aquellos niños que no la tienen.  Lamentablemente se trata  de un proceso largo y complejo que requiere de un acompañamiento legal especializado.  Cuenta con diferentes fases, en cada una de las cuales se ofrece el correspondiente servicio legal.

En la legislación panameña hay tres formas de disolver el matrimonio:

1. El fallecimiento de cualquiera de los cónyuges o la declaratoria de presunción de muerte.
2. Nulidad de matrimonio.

Muerte de uno de los cónyuges, ausencia y presunción de muerte.

La muerte disuelve el matrimonio y sólo debe inscribirse la defunción en el Registro Civil para que surta efectos legales.

Pero en el caso de ausencia o desaparición en la que también concurran fuertes sospechas de que haya ocurrido la muerte de la pareja, debe contratarse un abogado para iniciar el proceso de ausencia y presunción de muerte, la cual una vez decretada, también produce como efecto, disolver el vínculo matrimonial.

Nulidad de matrimonio.

Para que el matrimonio sea válido, debe cumplir con una serie de requisitos expresamente establecidos en la Ley.

Cuando no se cumple alguno de esos requisitos, cualquiera de los cónyuges puede solicitar la nulidad de matrimonio.

Las causales para pedir la nulidad del matrimonio están claramente definidas en la Ley.

Hay dos tipos de nulidad de matrimonio:  absoluta, la cual puede ser solicitada en cualquier momento, de manera indefinida y por cualquier persona;  y la relativa, la cual es subsanable y tiene un plazo máximo para ser reclamada.

Este tipo de proceso requiere de la asistencia legal de un abogado.

Divorcio

Uno de los momentos más difíciles que puede vivir una persona es enfrentar la fin de su relación de pareja.

Los problemas económicos, las diferencias irreconciliables, la incompatibilidad de caracteres, los problemas con los hijos, las infidelidades, la violencia doméstica, la interferencia de la familia y muchas otras circunstancias pueden destruir el deseo de hacer y compartir una vida en común y desencadenar en la ruptura del matrimonio.

De surgir en la pareja circunstancias que hagan insostenible la convivencia conyugal, entonces es importante plantearse a sí mismos algunas interrogantes como:

• ¿Quiero mantener mi matrimonio y estoy dispuesto a luchar para mejorarlo?
• ¿Es posible poder seguir viviendo juntos después de todo lo que pasó?
• ¿Puedo perdonar lo que pasó? ¿Quiero hacerlo?
• ¿Tengo la capacidad de pedir perdón y reivindicar mis errores? ¿Realmente quiero hacerlo?
• ¿Cómo manejo el divorcio?

Por todas estas y muchas otras dudas que genera la posibilidad de divorciarse, lo primero que debe hacerse es respirar profundo, buscar la ayuda y orientación de una persona sensata y razonable que les ayude a organizar las ideas para luego de darse un espacio de reflexión y tomar la decisión que corresponda:  buscar un terapeuta u orientador de parejas o iniciar la organización personal y patrimonial para el divorcio.

Si la decisión es divorciarse, entonces debe buscarse asistencia legal de un abogado con conocimientos, experiencia y profesionalismo que le ayude a salir del matrimonio tratando de causar el menor daño posible sobre todo cuando hay hijos.

Para divorciarse, existen dos maneras de hacerlo:

• Por acuerdo de ambos cónyuges (mutuo consentimiento).
• De manera unilateral presentando en contra del otro una demanda de divorcio en base a alguna de las causales enumeradas en la Ley.

Divorcio por mutuo consentimiento.

Está contemplado en el numeral 10° del artículo 212 del Código de la Familia.  Es una manera no conflictiva de dar por terminado el vínculo matrimonial que une a los cónyuges.  Este tipo de procesos es relativamente sencillo, siempre y cuando se cumplan con todos los requisitos establecidos en la Ley.

Cuando hay hijos menores de edad o con discapacidad, se exige que se demuestre cómo está resuelto lo relativo a su guarda crianza, régimen de visitas y alimentos.

Divorcio conflictivo (por causal).

Cuando los cónyuges no logran ponerse de acuerdo, entonces debe pedirse el divorcio en base a alguna de las causales establecida en la Ley, las cuales están taxativamente enumeradas según su orden de gravedad.

Según el Código de la Familia, las causales de divorcio son:

1. El atentado de uno de los cónyuges contra la vida del otro, o de sus hijos.
2. El trato cruel físico y psíquico si con él se hace imposible la paz y sosiego doméstico.
3. La relación sexual extramarital.
4. La propuesta de uno de los cónyuges para prostituir al otro.
5. El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir a los hijos, o la connivencia en su corrupción o prostitución.
6. El abandono absoluto de los deberes conyugales por más de seis (6) meses.
7. El uso habitual o injustificado de drogas o sustancias psicotrópicas.
8. La embriaguez habitual.
9. La separación de hecho por más de dos años aun cuando vivan bajo el mismo techo.

Este tipo de procesos (divorcio conflictivo), requiere de la presentación de PRUEBAS IDÓNEAS que acrediten los hechos alegados, y por supuesto que requieren la asistencia de un abogado.  De nada sirve el mejor argumento si no está acompañado de pruebas legales y suficientes.

En la medida de las posibilidades, es mejor organizar el patrimonio de la familia cuando se está en buenos términos y en pleno uso de las facultades físicas y mentales.  Es el momento ideal para decidir quién se queda con qué y bajo que parámetros.

A través de los testamentos y las fundaciones de interés privado, la familia puede tomar decisiones inteligentes y oportunas encaminadas a proteger su patrimonio conyugal y familiar.

El Código de la Familia de Panamá entró en vigencia en el año de 1995 y fue producto de 10 largos años de discusión.  Esto significa que nació viejo, por lo que muchas de sus regulaciones responden a otra época y desconoce muchas realidades de la familia post-moderna.

Existen infinidad de nuevas realidades tales como:

• Los nuevos paradigmas de los roles femenino y masculino en la relación familiar.
• Los derechos de los hijos menores de edad dentro y fuera de su familia.
• El abismo generacional que existe hoy día entre padres e hijos.
• La equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad.
• Los derechos familiares de las personas que padecen enfermedades mentales.
• Los derechos personales y patrimoniales del adulto mayor.
• Los fenómenos jurídicos que generan las técnicas de reproducción asistida.
• Innovaciones tecnológicas como el blockchain, las criptomonedas y las fintech que impactan nuestro sistema financiero y por ende pueden influenciar el patrimonio familiar y el régimen económico matrimonial.

Estas realidades y muchas otras tantas no encuentran una respuesta específica en el Código de la Familia porque simplemente no están reguladas, pero ello no significa que no podamos buscar una solución.

Para ello, existen técnicas de interpretación y argumentación jurídica que permiten abrir trocha, siempre y cuando esté de por medio la defensa y protección de los derechos humanos.

Tengamos presente que si por un lado, el Código de la Familia se queda verdaderamente corto ante muchas nuevas realidades sociales que ameritan protección jurídica, por el otro, tenemos un conjunto articulado de normas de derechos humanos que a través de técnicas de interpretación jurídicas como el CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD, nos permiten el acceso a la justicia.

No es fácil, no es rápido, no es barato, pero todo lo que tenga que ver con protección de derechos humanos es posible si hay voluntad y vale la pena intentarlo.